La
justicia en Colombia y el robo constante en las EPS
Para que la justicia
funcione correctamente, debe existir imparcialidad, es decir que las personas
involucras en impartir esa justica, no tengan vínculos con la persona acusada,
bien sean parentescos familiares o filiación política. Ya que esto impediría
que realmente se aplique una verdadera justica.
Lamentablemente esto no
sucede en Colombia los encargados de administrar esa justicia sean jueces o
fiscales, muchos de ellos son juez y parte es decir, tienen nexos con varios de
los implicados en casos de corrupción, lo que crea muchas dudas y suspicacias
al momento de tomar una decisión en contra de esas personas.
Lo que está sucediendo
con los casos de corrupción en Colombia, es una clara muestra de esa
imparcialidad y falta de ética y verdadera justica al momento de juzgar a los
culpables. Sencillamente porque hay mucho dinero de por medio, así como también
poder político entre los que manejan esa entidad encargada de la salud en
Colombia.
Esto es un problema que
viene ocurriendo en Colombia desde hace muchos años, es decir son más de 25
años, que los dineros de la salud son desviados por los encargados de
administrar esas entidades, dinero que sale de los colombianos porque es
descontado de su sueldo y de las pensiones y después son girados a las cuentas,
de empresas encargadas de velar por la
salud de Colombia.
En la junta directiva
de Coosalud EPS de las que hacen parte familias de la oligarquía y mafias
colombianas, familias presidenciales y uribistas, un hermano del ex presidente
Pastrana, casado con una hermana de la senadora Paloma Valencia, así como un
hijo del ex presidente Francisco Santos.
Una nieta, sobrinos y
bisnietos de este mismo, eran miembros de la junta directiva que aprobó un préstamo
de 221.000 millones de pesos, con el Banco GNB Sudameris en el año 2022 SA, el
cual se perdió, dinero para la salud del
pueblo, el que usaron para negocios privados, sin olvidar a Vargas Lleras,
socio de Audifarma, quien manda a hundir las reformas y a esconder los
medicamentos.
Desde el año 2009,
cuando desapareció el ICSS, instituto Colombiano de los Seguros Sociales el que
fue reemplazado por Colpensiones y la Nueva EPS, con la creación de la ley 100,
una idea del senador Álvaro Uribe Vélez en el año 1993 cuando era senador, ley
elaborada en el gobierno de César Gaviria y puesta a funcionar en el gobierno
de Ernesto Samper.
La eliminación del
ICSS, privatizó completamente la salud en Colombia, convirtiendo esta necesidad
en un lucrativo negocio para enriquecer a quienes deben velar por el buen
funcionamiento de la salud en el país. Los más triste y lamentable es que los
políticos de turno, esos que deben trabajar por el buen funcionamiento y no se
desvíen los recursos para la atención, son los que están involucrados en
delitos, robos y desfalcos de las entidades prestadoras de salud en Colombia.
Son muchos los delitos
cometidos en las empresas creadas para la salud en Colombia, especialmente las
EPS, estas entidades son utilizadas como el soporte o la base para financiar
las campañas políticas de muchos grupos políticos en la nación, esos clanes
nacionales de familias que se creen de mejor raza y siempre han desempeñado
altos cargos políticos.
Desde la creación de
las EPS, fueron muchas las empresas formadas para este propósito, siendo la
Nueva EPS, la más grande con más de 10 millones de afiliados, más de 100 EPS se
crearon para supuestamente reemplazar a los Seguros Sociales, de las cuales
solo existen 29, son más las que han desparecido, que las entidades que
funcionan, algunas de ellas, solo cambian de razón social cuando se declaran en
quiebra y nuevamente abren otra, para seguir con el negocio.
Los delitos van, desde
la creación de empresas ficticias, que no existen como tal, las que no cuentan
con una sede para atender a los pacientes, hasta una larga lista de personas,
que tampoco existen físicamente, pero si aparecen como si hubieran sido
atendidas en estas EPS, cobrando el traslado, el suministro de medicinas y
hasta operaciones, lo que suma una gran cantidad de dinero.
El caso más reciente,
es del ex presidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, en los años
2009 hasta el 2024 a quien se le acusa de ocultamiento de facturas y desviar
70.500 millones de pesos, cuando era el encargado de dirigir los destinos de
esa empresa de salud.
El fiscal
anticorrupción, aseguró que el señor Cardona, maquilló los estados financieros
de la Nueva EPS, para engañar a la Supersalud, por lo que le imputaron los
cargos de: Falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control
de recursos de salud y peculado por apropiación.
Los indicadores financieros
mostraban una pérdida millonaria año tras, tras año, la realidad es que el
dinero era desviado para las cuentas de los encargados de vigilar. Con el
agravante de que los señores de Supersalud quienes deben vigilar y hacer
justicia, también son miembros de los mismos partidos políticos implicados en
este delito.
Además de José Fernando
Cardona, también están implicados en el delito:
El expresidente financiero,
Juan Carlos Isaza Correa; Edgar Pedraza Castellanos, Ex gerente de contabilidad;
y Fabio Antonio Peralta Núñez ex gerente de cuentas médicas.
Se dejaron de procesar
entre el 2019 y el 20023 14 millones de facturas, las cuales habían sido
expedidas por las IPS, con quienes la
EPS habían tenido varios tipos de relaciones contractuales, todas estas son las
pruebas que tiene la Fiscalía General de Colombia.
Es decir, que si no
llega Gustavo Petro a la presidencia de la república, no se descubre este
enorme robo en las EPS y muchos delitos más, que están siendo descubiertos en
su administración.
Con todos estos casos
de corrupción, que no son nuevos, descubiertos por el actual mandatario, sus
enemigos políticos, todavía se atreven a decir que el mandatario está acabando
con la salud, cuando los casos de corrupción son de muchos años atrás y no eran
descubiertos porque los encargados de impartir justicia, son juez y parte, o
sea también hacen parte de esa mafia y corrupción que por décadas gobernó y se
robó a Colombia.
Solo esperamos, que los
verdaderos culpables de estos delitos de robo y corrupción, reciban todo el
peso de la ley, que sean juzgados por jueces y fiscales, totalmente
imparciales, para que de verdad se aplique justicia, no olvidemos que realmente
es justica: darle a cada quien lo que realmente se merece, no importa si tiene
dinero o poder político.
Por: Iván Fernando Márquez Gómez
Teléfono: 3013942339
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